A juicio un Guardia Civil por encubrir a un compañero en un caso de violencia de género

Actualizado 19.02.2024

La Audiencia Provincial de Ciudad Real se prepara para un juzgar el caso de un agente de la Guardia Civil del Puesto de Bolaños de Calatrava, al que la Fiscalía acusa de un presunto delito de omisión del dener de perseguir  el delito y otro de falsificación documental. El juició se verá los días 20 y 21 de febrero. El caso surge por el intento del agente de tapar un incidente protagonizado por un compañero de la Guardia Civil, que habría agredido “presúntamente” a su expareja a la que tabién habría vanazalizado el coche.

Los detalles del caso, revelados por la fiscalía, indican que en septiembre de 2018, el acusado fue informado de un ataque físico y actos de vandalismo cometidos por su colega contra su excompañera sentimental. La víctima compartió su experiencia directamente con el acusado a través de WhatsApp, confiando en su posición para recibir apoyo y justicia. Sin embargo, contrariamente a las expectativas y obligaciones de su cargo, el agente no procedió a formalizar la denuncia.

Más aún, el agente intentó mediar entre las partes, enviando mensajes a la mujer afectada en un esfuerzo por minimizar la gravedad de los hechos. A pesar de sus intentos por disuadir a la víctima de tomar acciones legales, esta última decidió presentar una denuncia formal contra su agresor. Curiosamente, el seguimiento de esta denuncia quedó en manos del mismo agente acusado, quien no solicitó ser excluido del caso a pesar de su evidente conflicto de interés.

El giro más alarmante en este caso ocurrió en enero de 2019, cuando el agente, encargado de reevaluar el riesgo que corría la víctima, manipuló las respuestas de un cuestionario destinado a medir este riesgo, alterando el resultado de "riesgo medio" a "riesgo no apreciado". Esta acción no solo pone en duda la objetividad y profesionalidad del acusado, sino que también cuestiona la eficacia de los protocolos de protección a víctimas de violencia de género.

Por estos actos, la fiscalía solicita una condena de cuatro años de prisión y tres años de inhabilitación profesional para el agente, por la omisión de su deber de actuar frente a delitos y por falsedad documental. Este juicio no solo busca hacer justicia en un caso particular, sino también enviar un mensaje claro sobre la importancia de la integridad y la responsabilidad en las fuerzas de seguridad.